El lunes 20 de julio, los representantes de la empresa han roto las negociaciones para buscar una salida al ERE. Tras todo el día de reunión y pese a algunos avances significativos, la empresa ha dado por concluido el periodo de consultas (iniciado el 10 de junio) y ha preferido dejar en manos de la Generalitat la resolución de este conflicto.
Ahora la Generalitat tiene un plazo máximo de 15 días a partir de esa fecha para decidir sobre el ERE y las condiciones en las que quedarán los trabajadores afectados. Es el momento de aumentar la presión social con acciones más contundentes para demostrar que estamos ante un ERE injusto e inaceptable, presentado por una empresa que tiene beneficios y que cuenta con una situación económica saneada, que le permite incluso el endeudamiento. Sorprende que una empresa que se había distinguido por su capacidad de llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes, ahora quiera aprovechar la crisis para imponer sus condiciones.
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